02
Jul
11

Una jueza se declaró incompetente

La jueza de instrucción Susana Wilma López se declaró hoy incompetente para intervenir en el pedido de detención de directivos y barras bravas de River Plate por las amenazas al árbitro Sergio Pezzota en el entretiempo del partido que definió su descenso de Primera División.

Ante esta medida la causa se quedó momentáneamente sin magistrado y será la Cámara del Crimen el tribunal la que decidirá qué juez debe intervenir.

López se declaró incompetente al considerar que en el caso debe actuar el juzgado de instrucción número 15, a cargo del magistrado Rodolfo Cresseri, porque estaba de turno el domingo cuando Pezzota fue amenazado, informaron a DyN fuentes judiciales.

Ahora la Cámara del Crimen debe determinar si la causa queda en manos de López, de Cresseri o de la jueza Yamile Bernan, en quien recayeron los pedidos de detención solicitados por el fiscal de Saavedra José María Campagnoli.

Las opciones se presentan en el marco de las tres causas que se abrieron en torno a los incidentes que se generaron en el Monumental tras el descenso de River a la B Nacional y que se encuentran en esta “telaraña” procesal.

Campagnoli pidió el jueves las detenciones del secretario de River, Daniel Bravo; del virtual responsable de la seguridad interna del estadio, Gabriel Riccio; de Francisco “Jajo” Bierniakowicz, supuesto vínculo con los barras bravas; del vocal suplente Néstor Morelli, de los barras Martín Araujo (alias “Martín de Ramos”), Héctor “Caverna” Godoy y Gustavo “El Uruguayo” Larrain y del policía Matías Ponce.

El fiscal explicó hoy a la prensa que las detenciones fueron ordenadas por la declaración de un testigo y del análisis de filmaciones aportadas por el Ministerio de Seguridad.

“En las imágenes se puede ver cómo los barras retroceden asesorados por alguien y cómo van desapareciendo policías. También hay un encuentro entre uno de los principales responsables de la seguridad en River y un agente de la federal se dan la mano”, señaló.

Campagnoli sostuvo que se investiga una asociación ilícita de “barras, dirigentes y algunos policías” y que busca identificar a más personas que aparecen en las imágenes. “Tenemos muchas caras y nombres, hay que juntarlos”, explicó.

La disputa por la competencia de qué juez debe intervenir se da por un complejo mecanismo de turnos y guardias y hay tres juzgados que podrían quedarse con el expediente.

fuente: los andes

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